Lo ocurrido ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no fue solo una decisión política, fue una burla a la justicia y un insulto a la democracia. La absurda decisión de archivar el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar desató una oleada de críticas y dejó en evidencia el poder que algunos sectores ejercen para proteger sus intereses.
El juicio, impulsado por la asambleísta correísta Gissela Garzón, buscaba destapar la «incompetencia y corrupción» de Salazar, según la bancada de RC5. Pero lo que se prometía como un proceso justo, se transformó en una farsa dirigida por una nueva mayoría oficialista, que, con irónicas sonrisas, archivó el juicio sin importar los argumentos presentados.
La oposición, especialmente el correísmo, calificó la maniobra como un intento descarado de proteger a una fiscal que, aseguran, actúa como el brazo ejecutor del poder en las sombras. Pamela Aguirre, legisladora de RC5, señaló que aunque este juicio fue archivado, la solicitud presentada por Héctor Valladares sigue en pie, manteniendo viva la lucha por desenmascarar a Salazar.
La indignación se sintió no solo en la Asamblea, sino también en redes sociales, donde el hashtag #DianaSalazarNoTieneLímites se convirtió en tendencia. Las acusaciones de chantaje, manipulación y tráfico de influencias contra los legisladores oficialistas no tardaron en aparecer, con denuncias de que muchos de ellos temen ser expuestos por la fiscal.
Con la figura de Luis Alvarado Campi presidiendo la bochornosa sesión, quedó claro que el oficialismo haría todo lo posible por proteger a Salazar, mientras la oposición promete seguir su cruzada por revelar lo que consideran «el verdadero rostro de la corrupción» en Ecuador. Aunque este capítulo se cerró, la lucha continúa, y el control del poder judicial será el nuevo escenario de esta batalla.