El director de la asociación, César Serrano, que agrupa a 399 socios, expuso que están enfrentando una situación crítica que deriva en graves afectaciones a sus operaciones. Actualmente, tienen retrasos de cuatro a seis meses en los pagos a proveedores, empleados y colaboradores.
Él explicó que esta situación se debe a catorce meses de retrasos en los procesos de auditoría y pagos a prestadores externos. Según sus estimaciones, los valores adeudados superan los $1,340 millones, arrastrando deudas de 2023, 2024 y algunos valores de 2021.
Sobre los retrasos, Serrano detalló que al firmar un convenio, el proveedor debe someterse a procesos de auditoría para que la deuda se considere en firme y se pueda presentar la facturación correspondiente. “Mientras no se da el proceso de auditoría, la deuda no está en firme”, lamentó, indicando que no se está cumpliendo la normativa vigente sobre pagos.
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El director pidió que la Asamblea y la Fiscalía fiscalicen el destino de los fondos recaudados por parte del IESS y su empleo en cubrir las atenciones a sus afiliados.
En cuanto a los procesos de auditoría, indicó que en 2023 se adjudicó un convenio a una empresa para agilizar el proceso en una plataforma digital. Sin embargo, los procesos de cargado de documentación de facturación tienen al menos un año de retraso. “De los cinco a seis meses cargados de 2023, la mayoría ha recibido pagos de uno a dos meses. Estamos hablando de catorce meses que estamos impagos”, explicó, lamentando que esa empresa habría terminado su convenio y desconocen hacia dónde se canalizará el proceso.
Por esta situación, al menos 400 empresas sufren problemas graves que podrían motivar su cierre, aunque ya hay prestadores que han quebrado. “Nosotros tenemos un compromiso ético y moral con el paciente, con el jubilado. Tenemos un convenio que no podemos cerrar unilateralmente, tenemos que adaptarnos a la liquidez que tenemos, lastimosamente reduciendo la operatividad de cada uno de los centros privados con convenios”, afirmó Serrano.